Representantes legales de 17 afectados por la explosión que tuvo lugar el pasado 14 de agosto en San Cristóbal, cobrando la vida de 42 personas, anunciaron el sometimiento de una demanda por daños y perjuicios patrimoniales y civiles. La acción legal se dirige contra el Estado, el Ayuntamiento municipal y su alcalde José Bienvenido Montas, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, su ministro Deligne Ascensión, y la empresa Consorcio RYLCO y Asociados.

Los abogados encargados del caso, Roberto Oscar Faxas Sánchez, Bernardo Ledesma, Pedro Casado Jacobo y Rafael Manuel Nina Vásquez, informaron que la demanda fue presentada ante el Tribunal Superior Administrativo en cumplimiento al artículo 148 de la Constitución de la República. Según los juristas, este artículo establece que el Estado es responsable de los daños que afecten a los ciudadanos en circunstancias como las ocurridas en San Cristóbal, especialmente cuando las autoridades tenían el control y cuidado del lugar donde se produjo la explosión.

Los representantes legales destacaron que esta demanda marca un precedente en el país, siendo la primera de su tipo. Argumentaron que, a seis meses del incidente, aún no se han esclarecido las causas de la explosión, y los familiares de las víctimas y los afectados exigen una investigación más profunda.

En el aniversario de los seis meses de la tragedia, las familias afectadas expresaron su dolor y exigieron justicia. Sosteniendo pancartas, lamentaron la falta de certeza sobre las causas del incidente y la ausencia de investigaciones exhaustivas por parte del Ministerio Público y otras autoridades competentes. Por otro lado, la Comisión de la Verdad de San Cristóbal reiteró su llamado a realizar una investigación responsable para conocer toda la verdad de los hechos.