San Cristóbal, RD. - El senador Franklin Rodríguez ha expresado su profunda preocupación por el incumplimiento de la Ley 34-23 de Atención, Inclusión y Protección para las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), promulgada el 5 de junio de 2023. Durante su intervención en el programa "Esto no es Radio" de Alofoke FM, Rodríguez destacó que, a pesar de la aprobación de esta normativa, el Gobierno no ha tomado las medidas necesarias para garantizar su efectiva aplicación.

Uno de los puntos más críticos señalados por el legislador es el retraso en la emisión del reglamento de aplicación de la ley, el cual debía ser emitido dentro de los 120 días posteriores a su promulgación, es decir, antes del 4 de octubre de 2023. Sin embargo, este reglamento fue aprobado el 24 de julio de 2024 mediante el decreto 403-24, lo que ha dejado en suspenso la implementación de medidas esenciales para la atención integral de las personas con TEA.

Además, Rodríguez subrayó que, a pesar de la emisión tardía del reglamento, el Gobierno no ha avanzado en acciones concretas para cumplir con la ley. La falta de recursos, la ausencia de programas especializados y la nula coordinación interinstitucional son algunas de las deficiencias que afectan a miles de personas sin acceso a los servicios que la normativa promete.

El senador hizo un llamado al Gobierno para que en este año 2025 se produzca un cambio real en la postura oficial, instando a la vicepresidenta Raquel Peña a asumir un rol protagónico en liderar las acciones necesarias que den cumplimiento efectivo a la ley. "La implementación de esta ley no puede seguir postergándose. No es solo un tema legal, es un tema humano", enfatizó Rodríguez.

La Ley 34-23 tiene como objetivo regular la atención, protección e inclusión plena y efectiva en la sociedad de las personas con TEA, mediante la protección y garantía de sus derechos y la satisfacción de sus necesidades. No obstante, su inoperancia hasta la fecha refleja un desinterés hacia una población históricamente olvidada. Las familias de personas con TEA exigen que las palabras se traduzcan en acciones concretas que hagan realidad los derechos garantizados en el papel.