En un sorprendente giro de los acontecimientos, el equipo de investigación liderado por la reconocida periodista Nuria Piera, conocido como N Investiga, ha destapado una alarmante situación en la Santana Barber Shop que ha llevado a las autoridades a tomar medidas urgentes para proteger a la magistrada Mykarla Rodríguez Abreu, quien ejerce como Jueza del Tribunal Ejecución de la Pena en Montecristi.

El escándalo se desató luego de que el periodista Ramón Tolentino hiciera una denuncia pública sobre un supuesto plan para asesinar a la magistrada. Como resultado, se ha fortalecido la seguridad tanto para la jueza como para su entorno cercano, a fin de garantizar su integridad física.

Sin embargo, la situación dio un giro aún más perturbador cuando la abogada y activista feminista Yildalina Tatem Brache reveló que en la mencionada barbería se estaría llevando a cabo un servicio de prostitución, coordinado por una persona ajena a las mujeres empleadas en el establecimiento.

Tatem Brache ha señalado que existen indicios claros de proxenetismo, lo que ha llevado a la Procuraduría Especializada contra la Trata de Personas a iniciar una investigación exhaustiva sobre el caso. La abogada argumenta que las mujeres involucradas podrían estar siendo víctimas de explotación sexual en un círculo de negocio que beneficia únicamente al propietario del establecimiento.

Además, Tatem Brache ha destacado que las leyes dominicanas son contundentes en cuanto al proxenetismo y la trata de personas, y castigan estas prácticas con penas de prisión. Es por ello que el equipo de N Investiga continúa profundizando en este caso, con el objetivo de esclarecer la situación y proteger a todas las mujeres que puedan estar siendo vulneradas y explotadas en el negocio de la Santana Barber Shop.

Este escandaloso descubrimiento pone en relieve la necesidad de erradicar estas prácticas y llama a la sociedad a unirse en la lucha contra la explotación sexual y la trata de personas, especialmente cuando afecta a personas vulnerables y en situación de desventaja. Las autoridades competentes deben tomar medidas contundentes para garantizar la justicia y proteger a las víctimas involucradas en este caso.