El pasado miércoles El Senado de la República aprobó en segunda lectura, un proyecto de ley donde se estipula estar prohibido que los agentes de la Policía Nacional graben los actos policiales con sus dispositivos móviles durante el ejercicio de sus funciones.

Se trata de una ley que busca la modificación de la Ley 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, presentada por el senador de Fuerza del Pueblo (FP) Franklin Rodríguez, que establece sanciones para quienes violen dicha disposición conforme al reglamento disciplinario de la uniformada.

La normativa, que pasará a la Cámara de Diputados para su consideración, tiene el fin de disponer el uso “obligatorio” de dispositivos de videocámaras para ser utilizadas en los uniformes de agentes y patrullas de la Policía mientras presten servicios.

Los miembros policiales deberán portar la herramienta de grabación de forma visible, tanto en sus uniformes como en los vehículos, mientras ejerzan el patrullaje, acciones de prevención, protección, persecución y servicios públicos.

Según detalla la pieza, las videocámaras que se instalen en los uniformes tendrán que ser activadas antes de establecer cualquier tipo de contacto con las personas durante el ejercicio de sus funciones, al igual que las que se instalen en las patrullas. Al momento de entrar en contacto con el ciudadano, el agente deberá informarle que su interacción está siendo grabada, para fines de monitoreo, evidencia y archivo.

Las grabaciones serán archivadas y protegidas bajo custodia de la institución, por si son requeridas como elemento de prueba y evidencia, ante una eventual acusación, juicio o reclamo público; deberán permanecer inalteradas y a disposición de la justicia.

La instalación de las videocámaras en los uniformes de los agentes y las patrullas policiales será dentro de los 18 meses a partir de la entrada en vigencia de esta legislación.

El Consejo Superior Policial dictará el reglamento para la asignación y seguimiento de dispositivos de videocámaras en el equipamiento de agentes destinados a unidades de patrullaje policial, acciones de prevención, protección, persecución y servicios públicos.