Hace un mes, la provincia de San Cristóbal fue sacudida por una trágica explosión que dejó 38 vidas perdidas y decenas de heridos. A medida que los ciudadanos recuerdan este evento devastador, persiste el escepticismo sobre la versión oficial de las autoridades sobre las causas del incidente.

El Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal emitió un informe preliminar el 29 de agosto, catorce días después de la explosión, en el que atribuyó la tragedia a la emanación de gases combustibles sin ventilación en la empresa de reciclaje de plásticos Vidal Plast, que fue una de las afectadas en la zona cero. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos no están convencidos de que esta sea la verdadera causa.

Entre el dolor y el desconsuelo que aún embarga a las familias de las víctimas, muchos piden justicia y creen que la responsabilidad no debe recaer únicamente en una sola persona o entidad dada la magnitud del incidente. Juan Corporán, esposo de una de las víctimas, enfatizó que además de Vidal Plast, el propietario de la tienda Toledo y el Ayuntamiento también deben asumir responsabilidad por la tragedia.

Corporán argumenta que Toledo, el propietario de la tienda, debería ser considerado irresponsable e incompetente ya que el edificio carecía de escaleras de emergencia y salidas adecuadas, lo que contribuyó a la pérdida de vidas. Además, señala que el Ayuntamiento tenía conocimiento previo de problemas en el edificio y no tomó medidas preventivas.

A medida que se cumple un mes del trágico suceso, las familias afectadas siguen buscando respuestas y justicia, cuestionando la versión oficial y responsabilizando a múltiples partes por la tragedia.