La dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina, que gobernó la República Dominicana durante 31 años, dejó una marca indeleble en la historia del país debido al nivel de represión que caracterizó su régimen. Tras su ajusticiamiento en 1961, la nación enfrentó un período de inestabilidad y vacío de poder que culminó en enero de 1962 con la formación del primer Consejo de Estado, liderado por Joaquín Balaguer. Este consejo fue seguido por otro, que incluyó a figuras como Rafael Bonnelly, Nicolás Pichardo, Donald Reid Cabral y monseñor Eliseo Pérez.

Durante este período, se promulgó la Ley 5880 en mayo de 1962, que establecía penas contra las alabanzas al régimen trujillista. La ley se basaba en el derecho del pueblo dominicano a "defender y preservar el estado de libertad y dignidad". Prohibía cualquier acto o manifestación que exaltara o promoviera el régimen tiránico de Trujillo, considerándolo como un apoyo al retorno de la dictadura. La ley imponía penas de prisión de diez días a un año o multas de diez a quinientos pesos oro a quienes alabaran o exaltaran a Trujillo o su régimen de diversas formas.

Esta ley se consideró un primer paso hacia la "destrujillización" del país, ya que buscaba eliminar la propaganda y la exaltación del régimen anterior. Sin embargo, a pesar de los años transcurridos desde su promulgación, algunos sostienen que la sociedad dominicana no ha logrado cumplir completamente con esta ley.

Luisa de Peña, directora del Museo Memorial de la Resistencia, argumenta que la estructura del régimen trujillista aún perdura en la psicología de los dominicanos. Aunque es socialmente mal visto rendir homenaje abiertamente a Trujillo, se dice que en privado todavía existen simpatizantes. De Peña subraya la importancia de mantener esta ley, ya que levantar la prohibición de la propaganda del régimen trujillista sería como decir que es algo normal y aceptable.

En República Dominicana, el derecho a manifestarse en la vía pública está respaldado por la Constitución, pero los manifestantes deben solicitar un permiso de "uso de vía pública" al Ministerio de Interior y Policía. Este permiso debe incluir detalles sobre el motivo, la fecha, la hora y la ubicación de la manifestación.

En resumen, la Ley 5880, que prohíbe la exaltación del régimen trujillista, sigue siendo considerada necesaria para evitar la normalización de un sistema y una figura que representaron una dictadura en la historia del país. A pesar de los años, esta ley mantiene su relevancia en la sociedad dominicana.