San Cristóbal, RD. - En el ámbito educativo dominicano, se ha evidenciado una creciente preocupación por los elevados niveles de endeudamiento que aquejan al magisterio nacional. A pesar de los incrementos salariales registrados en la última década, una porción significativa de los docentes destina más de la mitad de sus ingresos al servicio de deudas, lo que repercute en su bienestar y desempeño profesional.

Según datos del Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), para el año 2021, el salario promedio de un docente de primaria ascendió a RD$58,960, mientras que el de secundaria fue de RD$62,621. No obstante, el informe destaca que solo el 57.37% de los docentes activos perciben, en términos netos, montos superiores al 50% de su salario total, lo que les permite cubrir sus necesidades básicas.

La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (Coopnama) emerge como la principal entidad acreedora del sector, representando el 72.33% de los compromisos financieros contraídos por los docentes. En el año 2022, Coopnama manejó ingresos anuales provenientes de descuentos al personal docente por concepto de contribuciones y amortizaciones que ascendieron a RD$19,602 millones, principalmente provenientes del presupuesto nacional.

Ante esta alarmante realidad, expertos sugieren la implementación de medidas regulatorias que limiten las retenciones salariales a un máximo del 15% de los ingresos brutos de los docentes. El objetivo es mitigar la vulnerabilidad financiera y promover un manejo más eficiente de los recursos, orientado al desarrollo personal y profesional del magisterio.

La problemática del endeudamiento docente no solo afecta la economía personal de los maestros, sino que también incide en su rendimiento laboral. La constante presión financiera puede mermar la calidad educativa, afectando directamente a los estudiantes y, por ende, al sistema educativo nacional en su conjunto.

Es imperativo que las autoridades educativas, en conjunto con las entidades financieras involucradas, adopten políticas que garanticen la sostenibilidad económica de los docentes. Solo así se podrá asegurar un entorno educativo óptimo que contribuya al desarrollo integral de las futuras generaciones dominicanas.