En una movida que ha sacudido el panorama migratorio internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, firmó esta semana una orden ejecutiva sin precedentes que pone en marcha el llamado “Proyecto Regreso a Casa”, el primer programa federal de autodeportación voluntaria implementado a nivel nacional.

El plan, según explicó la Casa Blanca, invita a los inmigrantes en condición irregular a abandonar el país por voluntad propia en un plazo máximo de 60 días. A quienes opten por esta vía, el gobierno les ofrece un estímulo económico de 1,000 dólares, además de cubrir los gastos de transporte y facilitar su salida mediante la aplicación móvil oficial CBP Home, desarrollada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Las personas que se acojan al programa serán clasificadas como “de baja prioridad” en los registros de ICE (Oficina de Inmigración y Aduanas), evitando detenciones o procesos judiciales migratorios inmediatos.

No obstante, la disposición también advierte que aquellos que decidan permanecer en territorio estadounidense sin acogerse al plan serán objeto de deportación forzosa. Para ejecutar esta fase, el gobierno federal desplegará 20,000 nuevos agentes migratorios en los principales estados con mayor concentración de inmigrantes indocumentados, lo que ha sido calificado por diversos medios como “la mayor operación de expulsión desde la era Eisenhower”.