San Cristóbal, RD. – Jueces y servidores judiciales mantuvieron la convocatoria a paro para este jueves 21 de mayo, luego de que no prosperara la más reciente ronda de conversaciones con el Consejo del Poder Judicial (CPJ), en medio de reclamos por indexación salarial, pago de suplencias, ascensos, cobertura de vacantes y mejores condiciones para operar en los tribunales.

La protesta, de alcance nacional, había superado los 440 magistrados respaldando la jornada y también involucraba a cerca de 2,000 servidores judiciales, según reportes publicados entre el 19 y el 20 de mayo. De acuerdo con voceros del movimiento, durante la paralización solo seguirían funcionando los tribunales de atención permanente para los casos de personas recién detenidas, a fin de no vulnerar el plazo constitucional de presentación ante un juez.

La presidenta de la Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana, Ysis Muñiz, cuestionó la respuesta oficial y sostuvo que las autoridades no presentaron soluciones inmediatas. La dirigente gremial objetó que el CPJ planteara una ruta de acciones de mediano plazo y una habilitación gradual de recursos para 2026 y 2027, cuando, a su juicio, la crisis requiere decisiones ejecutables en lo inmediato.

Del lado institucional, el Poder Judicial había informado días antes que estaba abierto al diálogo y defendió la aplicación del manual salarial aprobado en 2022. Ese documento, divulgado por el propio órgano judicial, estableció nuevas escalas retributivas, beneficios adicionales y una revisión para proponer indexaciones salariales conforme al marco legal vigente.

El conflicto también recibió respaldo de figuras del ámbito jurídico. El expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, apoyó los reclamos y advirtió que los jueces han soportado durante años carencias en personal, infraestructura y remuneración, por lo que insistió en que el diálogo debe traducirse en medidas reales.

En ese debate, el jurista Carlos Balcácer favoreció la protesta y planteó que pudiera ejecutarse de forma escalonada, mientras Carlos Salcedo consideró legítimas las reivindicaciones, pero alertó que una paralización amplia podría golpear la credibilidad del sistema y la confianza de la población en un servicio tan sensible.

La Asociación Dominicana de Jueces de Paz había advertido desde la semana pasada que las reclamaciones ya habían sido llevadas ante la Suprema Corte de Justicia, la Dirección General de Carrera y el CPJ sin compromisos formales. Esa organización también sostiene que la falta de personal y las vacantes sin cubrir ya están afectando audiencias y trámites, con impacto directo sobre los usuarios del sistema de justicia.