Durante décadas, los abusos sexuales cometidos por sacerdotes contra religiosas permanecieron envueltos en el más estricto silencio, sumergidos en la estructura jerárquica y opaca de la Iglesia católica. Hoy, ese velo comienza a rasgarse. Las denuncias de monjas abusadas ya no son un tabú absoluto en los corredores vaticanos, y los testimonios emergen con una fuerza difícil de contener.

Fue en 2019 cuando el papa Francisco, primer pontífice latinoamericano, convocó una cumbre histórica sobre violencia sexual dentro de la Iglesia. Aquel encuentro significó un punto de inflexión: por primera vez, religiosas y otros miembros vulnerables encontraron una vía para narrar sus padecimientos ante el clero sin temor al silencio impuesto.

A partir de aquella reunión, se adoptaron decisiones de alto calado: el levantamiento del secreto pontificio en casos de abuso, la imposición de la obligación —para religiosos y laicos— de reportar cualquier sospecha o conocimiento de hechos delictivos, y la creación de plataformas eclesiales de escucha para víctimas. Aunque aún insuficientes para erradicar el problema, estos pasos marcaron un antes y un después.